Mito y realidad de “la Pepa”

Intentar extraer lecciones de la historia es siempre tentador. Buscamos respuestas que no tenemos y la historia suministra argumentos de cierta utilidad. A las puertas de la celebración del bicentenario de la Constitución de Cádiz, popularizada como la Pepa (pues se aprobó el día de San José), vamos a volver a escuchar la repetición de algunos tópicos. No cabe duda de que la Carta gaditana marcó el paso del antiguo régimen al sistema político liberal, que se puede resumir en los principios de soberanía nacional y división de poderes. Ahora bien, no debe confundirse esto con un régimen democrático, parecido al actual, ya que, entre otras limitaciones, el poder ejecutivo lo seguía ejerciendo el monarca y el sufragio universal excluía a buena parte de la población: mujeres, pobres, analfabetos, sirvientes, negros, criollos o indios. No todos los españoles de «ambos hemisferios» eran iguales en derechos.

 SI BIEN LA Constitución de 1812 otorgó importantes libertades modernas (de expresión, imprenta, reunión, propiedad y seguridad), dejó al margen una muy importante: la libertad religiosa. Las circunstancias históricas particulares, derivadas del enorme peso del catolicismo y, sobre todo, de la influencia del clero en la sociedad, impusieron al liberalismo español esta cortapisa, si bien fue compensada con la abolición inmediata de la Inquisición. Con todo, pese a sus limitaciones, la Pepa se incrustó en el imaginario popular del siglo XIX como un mito revolucionario. A ello ayudó mucho que fuese derogada con el retorno del absolutismo oscurantista de Fernando VII. Con el texto de Cádiz, pues, lo primero que se debe evitar es la confusión entre liberalismo y democracia, ya que para garantizar un sistema de derechos democráticos universales el liberalismo político es condición necesaria pero no suficiente.

Al lado de esta precisión, hay otro peligro en este año de celebraciones: la tesis de aquellos que quieren ver en Cádiz aquel momento histórico donde se materializa la construcción de una España uninacional. La invocación que desde posiciones neocentralistas se hace de la Constitución de 1812 es la mejor prueba de ello. Así, cuando tiempo atrás se puso en marcha el programa de actos reivindicativos de la Pepa, el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, afirmó: «En el espíritu de 1812 la cohesión nacional y la libertad caminan unidas», «en Cádiz no hay provincia, no hay más que una nación, no hay más que España», y «en los revolucionarios [gaditanos] sobresale la defensa de la unidad nacional frente al federalismo».

Un primer aperitivo de este renacido historicismo nacionalista ya lo tuvimos en la pasada celebración de la guerra de la independencia, bicentenario que estuvo preñado en muchos libros, exposiciones y, particularmente, en los discursos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de un espíritu contrario a aquello que con tanto acierto recomendaba el historiador José Álvarez Junco cuando, avisando de lo que podía suceder, recordaba que «lo sustantivo de la guerra de la independencia no es la nación, sino la libertad». «Exaltemos, pues, aquel intento de establecer la libertad, en lugar de exaltar la nación», concluía el autor del excelente ensayo sobre la idea de España en el siglo XIX Mater dolorosa (2001).

En ambos casos, estamos frente a un discurso que identifica la unidad con el unitarismo. Una visión que esconde que, ya en Cádiz, se planteó otra idea de España, como la que hicieron algunos diputados catalanes, aragoneses y valencianos, que implicaba respectar la diversidad de las «provincias», de los antiguos reinos históricos, de «esas pequeñas naciones», como las llamó Antoni de Capmany, que habían salvado España, mediante las juntas provinciales, de ser derrotada frente al invasor francés. Si bien la conciencia nacional española es indudable en todos los diputados, no fue unívoca, tal como se manifiesta en un interesante debate sobre el artículo 12 de la Constitución, referente a cómo dividir España, que las circunstancias políticas no permitieron concluir. Habrá, pues, que estar prevenidos frente al martilleo de una vulgata historiográfica que no quiere reconocer que si el federalismo surgió a lo largo del siglo XIX fue justamente porque el discurso liberal gestado en Cádiz no pudo consensuar una idea monolítica del Estado.

LA VIEJA dialéctica entre la España horizontal (compuesta y diversa) y la vertical (unitarista y asimilacionista) no se pudo resolver definitivamente a favor de la segunda. Como tampoco bajo las dos dictaduras militares del siglo XX. En cambio, como escribe Ricardo García Cárcel en Felipe V y los españoles (2002), la Constitución de 1978 y el modelo autonómico que se desarrolla es «una vía de encuentro entre aquellas dos Españas de la historia conflictiva». Y añade, acertadamente: «Porque, si algo se ha constatado, es que la victoria absoluta de una de ellas es imposible». Pues bien, ahora que soplan vientos cruzados de recentralización en un lado y de soberanismo en otro, creo que deberíamos tener bien presente esta reflexión.

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Cuando la verdad es aburrida

La mentira siempre tiene algo de fascinante. Nos confunde y nos aturde, porque subvierte la lógica de la verdad. Eso es lo que deben pensar en Libertad Digital al haber logrado que el fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, haya ordenado investigar los restos de un vagón de los atentados del 11-M, que por lo visto se encontraban en un almacén de la empresa que se dedicó a reparar los convoyes afectados por las explosiones. Aunque la teoría de la conspiración enseguida quedó al descubierto como lo que es, una patraña, y que en el juicio la autoría se atribuyó perfectamente al terrorismo yihadista, desde el pasado viernes los medios de comunicación que llevan años jaleándola están de enhorabuena. El fiscal elevó el hallazgo a la categoría de notitia criminis: de información que merece ser investigada. Hasta ahora sostenían que se habían destruido pruebas con el desguace de los convoyes, a pesar de que antes los expertos habían realizado pormenorizados dictámenes periciales. Ahora, sin embargo, la noticia que propagan es que se ha hallado «uno de los focos de la explosión» ignorado en el juicio. Con ello no pretenden más que seguir alimentando el delirio de que existió una confabulación entre policías, guardias civiles, servicios de inteligencia, políticos izquierdistas y asesinos para provocar la derrota del PP en el 2004.

 Este domingo recordaremos que han transcurrido ocho años del terrible atentado que acabó con la vida de 191 personas e hirió física y emocionalmente, para toda la vida, a miles más. Por desgracia, una parte significativa de la derecha que anida en el PP y ocupa importantes posiciones de poder, como Esperanza Aguirre, alimenta un juego maniqueo. Ahora mismo contra los sindicatos porque han decidido manifestarse ese día contra la reforma laboral, como si eso pudiera ofender la memoria de nadie. En España, la ultraderecha se disfraza de liberal, pero se delata enseguida. Cuando la verdad probada desmiente sus teorías, entonces la considera aburrida.

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En política, val més ser mut que tartamut

¿Ho està fent bé la vicepresidenta Joana Ortega? Recordem que la seva elecció va sorprendre, perquè no semblava que tingués prou personalitat política per merèixer un càrrec d’aparença tan important. A molts els va semblar que Artur Mas pagava un tribut a Duran Lleida, que posava una persona de la seva obediència a l’Executiu. Després va saltar l’escàndol del currículum: es va descobrir que no era llicenciada sinó «formada en psicologia». Peccata minuta, van dir alguns, l’important és el que faci en endavant, no si té un títol universitari. D’acord. Doncs vegem-ho. ¿Les seves actuacions han tingut alguna rellevància? Crec que no. La seva aparició pública es caracteritza per tartamudejar anuncis poc clars o directament contradictoris.

 Vegem-ne dos exemples. Curioses han estat les seves declaracions sobre si hi haurà o no llei electoral catalana. L’endemà que EL PERIÓDICO informés del punt mort de les negociacions entre els partits i del pessimisme del Govern, Ortega declarava que «ara sí que hi ha maduresa política» per tirar endavant la llei. Però matisava que difícilment podrà aplicar-se en les pròximes eleccions perquè «fa falta temps per donar-la a conèixer entre la ciutadania». O la vicepresidenta considera que els catalans necessitem anys de pedagogia per entendre la nova fórmula o, sense adonar-se’n, ens acabava d’informar que Mas pensa convocar eleccions a mitjans del 2013, i que no hi haurà temps per a res més. El segon exemple és la seva afirmació que les diputacions «no tenen sentit». Però el que no diu és que les somiades vegueries no són res més que les diputacions. L’Estatut els va voler posar un altre nom, però tindran les mateixes funcions. Sort que no tenen sentit: acaben de prestar a la Generalitat 250 milions perquè puguin seguir funcionant les guarderies i les escoles de música municipals. Segur que a CDC alguns preferirien que fos muda.

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¿Torna la lluita de classes?

No hi ha res pitjor que confondre els desitjos amb la realitat. I encara que a tots ens agradaria pensar que la divisió en classes socials fa molt temps que va deixar d’existir, no és així. Tots creiem que en una societat democràtica qualsevol obstacle que impedeixi a l’individu progressar d’acord amb els seus mèrits i capacitats hauria de desaparèixer. Però una anàlisi a fons del que ha passat en les últimes dècades ens torna a la crua realitat. La sociòloga Marina Subirats explica a Barcelona: de la necessitat a la llibertat (2012) que, en realitat, el que hi ha hagut és una ocultació dels signes més evidents de l’estructuració en classes i capes socials a causa d’un seguit de complexes raons socioculturals. A Espanya, perquè el progrés econòmic ha estat molt important i ha beneficiat a tothom. Els pactes socials de la transició van consensuar unes polítiques progressistes en la redistribució de la renda, tant per la via dels increments salarials com a través de les prestacions educatives i sanitàries públiques. Però aquest consens s’ha anat trencant per l’empenta en la dreta de les idees neoliberals, que també han fet forat en l’esquerra. La crisi és la gran coartada per liquidar el que quedava d’aquest acord.

La reforma laboral del Govern del PP està en aquesta línia. A mesura que anem coneixent els seus detalls, salta a la vista que els sindicats tenen raó en el que és fonamental: és injusta i ineficaç per aconseguir sortir de la crisi. El diàleg entre la patronal i els sindicats transitava per un camí difícil, però s’estava arribant a acords, com ara el pacte sobre la moderació salarial. ¿Per què tanta pressa? Per als joves, a més a més, és una pèssima notícia: la majoria hauran d’agafar l’ascensor social descendent. ¿Torna la lluita de classes? No se n’ha anat mai. Només que l’ofensiva arriba del costat de la depredadora classe corporativa i de les grans empreses. Mentrestant

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Acord PSC-PPC, ¿Per què no?

Que ningú s’espanti, no estic sota els efectes d’un excés etílic. No proposo un acord entre socialistes i populars per governar res. Per començar, perquè no sumen majoria enlloc. I perquè, encara que fos així, seria improbable tant per raons ideològiques com programàtiques. Ara bé, hi ha un aspecte crucial per als catalans en el qual és urgent que hi hagi un diàleg fructífer entre el PSC i el PPC: el finançament autonòmic. No hi veig cap raó en contra, si bé sóc conscient que la sola formulació d’aquesta hipòtesi constitueix per a molts una provocació.

 

Però vejam, ¿té algun sentit que els referents catalans de les forces polítiques espanyoles majoritàries es girin d’esquena a aquesta qüestió? ¿Mantenen punts de vista tan allunyats com perquè no sigui possible arribar a un acord? Crec que no. És més, en les actuals circumstàncies resulta sorprenent que això no passi, cosa que tan sols és atribuïble a unes inèrcies que impedeixen explorar altres vies. En un moment en què CiU planteja obertament l’anomenada «transició nacional» cap a la independència, en el recorregut de la qual situa l’èxit del confús pacte fiscal com a primera estació, em pregunto: ¿per què no parlen socialistes i populars? És cert que els separen moltes coses. La primera, que el PSC és catalanista, mentre que el PP és una força històricament refractària a aquesta tradició. La segona, que pesen encara molts enfrontaments recents: el crispat procés de reforma estatutària i el recurs d’inconstitucionalitat interposat pels populars. Però en política els temps van molt de pressa. I si Artur Mas, que al seu dia va anar al notari, ha normalitzat el PP i li ha facilitat l’accés a les alcaldies de Badalona o Castelldefels i li ha donat la meitat del poder a la Diputació de Barcelona, la pregunta és: ¿pot el PSC, sense ser qualificat d’antipatriota, emprendre un diàleg sobre finançament amb el PPC? ¿I sobre quines bases?

Doncs bé, la base d’aquest diàleg és l’Estatut, que ara el PP accepta després de la sentència del Tribunal Constitucional i on apareixen unes disposicions en matèria de finançament que, en gran part, van ser recollides en el model firmat el 2009. Però el que és interessant, justament, és que l’Estatut va més enllà i permet que la fórmula de la coresponsabilitat fiscal entre l’Estat i la Generalitat faci un nou salt l’any que ve, que és quan toca revisar la LOFCA.

Em sembla que hi ha dos aspectes que permetrien a socialistes i populars arribar a un acord bàsic, ampliable a altres grups autonomistes o federalistes, com són ICV-EUiA i Ciutadans. D’una banda, l’Estatut parla de la creació d’un consorci tributari entre les dues administracions per compartir la gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció de tots els impostos a Catalunya. Una de les possibles virtuts d’aquest consorci és que permetria millorar el sistema d’avançaments, on hi ha els polèmics 1.450 milions d’euros del Fons de Competitivitat, o reduir l’impacte de les futures compensacions per un excés de valoració (motiu pel qual la Generalitat deu ara a l’Estat gairebé 800 milions). La seva creació milloraria la coresponsabilitat i la suficiència fiscal, i evitaria el trist espectacle de la deslleialtat institucional. D’altra banda, el PSC i el PPC comparteixen l’afirmació que Catalunya necessita més recursos i que és de justícia que es reconegui l’esforç fiscal dels catalans. En aquest sentit, la revisió de la LOF-CA hauria d’anar orientada a fer que Catalunya, en paraules del diputat popular Enric Millo, conservi la mateixa posició relativa anterior a les aportacions econòmiques de solidaritat amb la resta d’Espanya. Una afirmació que també ha estat reiterada per la socialista Rocío Martínez-Sampere. Solidaritat però respectant l’ordinalitat, aquest és el camí.

Però és que, a més d’aquestes coincidències, les dues forces discrepen de la proposta política de CiU. Els nacionalistes creuen possible que, sense sortir de la LOFCA, Catalunya se separi del règim comú aconseguint un model semblant al concert econòmic, proposta que, la veritat, voreja l’il·lusionisme jurídic. D’entrada, perquè queda fora del que diu l’Estatut i, probablement, és anticonstitucional. A sobre, les possibilitats que políticament prosperi són nul·les. Per tant, el més sensat és apostar per una nova millora del model actual, que no és poca cosa tenint en compte que des del 2009 Catalunya està ja per sobre de la mitjana en finançament.

Crec que al PP català li interessa anar a Madrid amb una proposta pròpia, que s’adeqüi al que diu l’Estatut. I al PSC li convé trencar el ping-pong entre CiU i PP, que en aquesta qüestió pot acabar en un fatal descarrilament. El 2013, doncs, hi ha tres escenaris possibles: l’immobilisme, la frustració o el pacte. Els dos primers es retroalimenten. Ara bé, l’alternativa al salt en el buit que ens proposa CiU no pot ser quedar-nos substancialment com estem, sinó aconseguir que el model autonòmic avanci una altra vegada cap a una coresponsabilitat fiscal d’inspiració federal (encara que alguns no en voldran dir mai així).

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Artur Mas y el problema del avestruz

Hace 10 años, Jordi Pujol se mostró  bastante crítico con la reforma laboral de José Maria Aznar, aprobada de forma urgente mediante decreto-ley, y fue tímidamente comprensivo con la huelga general que los sindicatos convocaron el 20 de junio, en vísperas de la cumbre europea de Sevilla. La protesta fue un éxito rotundo y Aznar se vio obligado a rectificar. Pujol gobernaba, igual que lo hace hoy Artur Mas, gracias a los populares, mientras estos disfrutaban en las Cortes de una cómoda mayoría absoluta. Todo como hoy, pues. Sin embargo, fijémonos. Qué manera tan diferente de actuar, qué poco se parece Oriol Pujol a su padre, aún cuando ambos comparten un cierto mesianismo. Pujol fue distante políticamente y prudente ante las posibles roturas sociales del decretazo aznarista. En cambio, al hijo le ha faltado tiempo ahora para salir despotricando contra los sindicatos, acusándolos de no sé cuantas lindezas. Por su parte, Mas ha empatado esta vez en servilismo con Duran Lleida: no ha dudado en cantar desde el primer momento las excelencias de una contrareforma durísima, aún sin conocer, supuestamente, la letra pequeña. Es curioso que los soberanistas neoliberales para unas cosas se fíen tanto y para otras tan poco de Madrid. Claro que esto no es exactamente así. A los populares siempre les han fiado bastante más que a los socialistas.

 Entre tanto, la política catalana se está convirtiendo en un baile solo para dos, donde las otras fuerzas pintan muy poco. Claro que para evitar que la cosa se vuelva soporífera, los protagonistas hacen travesuras para distraer a sus parroquias. Los populares, por ejemplo, dan visibilidad en las calles de Catalunya a la policía nacional y a la guardia civil. Mientras los convergentes preparan un congreso de afirmación soberanista, aunque con una calculada indefinición en los objetivos y los tiempos. Y es que, en el fondo, su problema existencial es irresoluble. A Mas les pasa lo que al avestruz: aunque es un pájaro grande, y con alas, no puede volar.

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¿Quién se manifestará por la educación?

En Catalunya, las movilizaciones en defensa de la sanidad pública han sido importantes desde el primer día. Pero no está ocurriendo lo mismo con la educación. Al contrario de lo que ha pasado en otras comunidades, como Valencia o Madrid, el sector educativo catalán se encuentra desaparecido. Sorprende mucho, la verdad. Más aún cuando durante el tripartito, pese a que se invirtió mucho y se contrató profesorado como nunca, los sindicatos organizaron una media de dos huelgas por año. Y ahora, en cambio, parece que están atontados ante los recortes de la consellera Irene Rigau. Aunque, seguramente, lo que están es agotados, exhaustos, porque han quemado toda la pólvora en la etapa anterior, a veces absurdamente. Recordemos la campaña disparatada que el sindicato USTEC montó contra la sexta hora educativa en la escuela pública. Por eso la Fapac, la organización que aúna a las familias, encabeza una lucha para recuperar, a través de una iniciativa legislativa popular, ese avance en todos los centros. Otro ejemplo, dicho sea de paso, de lo mal que pactó el exconseller Ernest Maragall la ley de educación con CiU. Pero volvamos al presente. Tras un año largo de hibernación, parece que los ánimos empiezan a despertarse. No es que no haya pasado nada, pero durante este tiempo la descoordinación ha sido la tónica dominante. Cada uno ha ido por libre, agudizado por el distanciamiento entre las familias y el profesorado. Ayer EL PERIÓDICO informaba de que maestros y padres van a concentrarse este sábado contra el cambio de modelo en las guarderías públicas que plantea el alcalde Xavier Trias. La externalización de los nuevos centros y los duros reajustes amenazan con dinamitar un ejemplo de calidad en beneficio de la oferta privada. En paralelo, circula en la red un manifiesto que quiere concentrar las energías en aquello que todos defienden: la escuela como garantía de cohesión e igualdad de oportunidades. Pues, lo dicho, y por la educación, ¿quién se manifestará? elPeriódico.com Quiénes somos Trabaja con nosotros Contacto Aviso Legal Publicidad Mapa web

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